La Argentina se enfrenta a un complejo entorno económico que plantea retos y decisiones difíciles para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Los anuncios realizados por el Ministerio de Hacienda en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, establecen como supuestos una contracción del PBI para 2018 de 2,4% y del 0% para 2019 y una tasa de inflación de 42% para 2018. En ese escenario, se presentan nuevas metas fiscales que implican un esfuerzo adicional para alcanzar un nivel de 0% de déficit primario en 2019 y superávit primario de 1% en 2020.

La aceleración inflacionaria y la caída de la actividad tienen consecuencias sobre los salarios reales afectando el poder adquisitivo de las familias e impactando en el bienestar de sus miembros. En este escenario, los hogares con niños y niñas son los más expuestos a riesgos, en particular, los que ya estaban situación de pobreza, con bajo nivel de ingreso o empleo informal. La pobreza sigue concentrada en la niñez y adolescencia: alcanza a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes frente a un valor de 25,4% para la población en general.
Las crisis económicas tienen enormes consecuencias para los niños, niñas y adolescentes pues existe el riesgo latente de que abandonen la escuela, ingresen tempranamente al mercado laboral, disminuyan la cantidad y calidad de alimentos que consumen, vean restringido su acceso a los servicios de salud, y/o sean víctimas de violencia, entre otros riesgos sociales significativos.

Garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes no es solamente una responsabilidad ética y legal, sino que tiene implicaciones en las políticas económicas y sociales y en la asignación y distribución de los recursos. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los gobiernos deben asegurar que, en cada disposición, siempre prevalezca la mejor opción posible para la niñez. A su vez, obliga a los Estados a asignar los recursos materiales y económicos para garantizar el goce de derechos de los niños “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” y, en tiempos de crisis económica, los gobiernos no deben adoptar medidas regresivas que pongan riesgo a la infancia. En esta misma línea, la recomendación realizada por el Comité de Derechos del Niño al país en 2018 llamó a proteger los recursos asignados a la niñez y asegurar que sean ejecutados de manera completa y eficiente.

La respuesta de los Gobiernos nacional y provinciales frente a la situación económica, ponen a prueba estos compromisos y los de la sociedad en su conjunto. El presupuesto asignado a políticas y acciones en áreas sensibles para los niños, niñas y adolescentes para 2018 muestra un compromiso para llevar adelante una agenda favorable a la niñez. El acuerdo firmado por el gobierno argentino con el FMI incluye, además, el compromiso de no reducir las partidas asignadas a políticas sociales. Sin embargo, en los hechos, muchas de las iniciativas con impacto en la niñez registran importantes niveles de subejecución presupuestaria a lo largo del año en curso y pueden verse afectadas por futuros recortes presupuestarios.

“Un llamado a la acción por los derechos de los niños, niñas y adolescentes”

UNICEF insta al gobierno nacional a proteger a la niñez y la adolescencia ante los efectos de la situación económica actual. En el marco de la discusión sobre el presupuesto 2019 y el cumplimiento de las metas fiscales, es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia.

Esto implica proteger, ampliar y aumentar las prestaciones del sistema de protección de ingresos para las familias con niños en situación de pobreza; asegurar que los hogares en situación de vulnerabilidad accedan a la canasta básica alimentaria; mantener el flujo de atención y suministros de la red de salud pública; blindar el presupuesto de los centros de cuidado infantil; garantizar servicios educativos universales; adoptar medidas de política social y cuidado que permitan a las jefas de familia acceder a actividades productivas incluyendo mecanismos para promocionar y proteger la economía social.

La inversión con mayores retornos que puede hacer un gobierno en tiempos de austeridad es dedicar recursos presupuestarios para proteger el desarrollo pleno de la infancia y la adolescencia.

4 de septiembre de 2018